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Bogotá - Colombia

CARLOS RIANO

Revisor Fiscal inhabilitado

 

 

 

Gran número de empresarios han venido utilizando la figura de la revisoría fiscal de manera errónea. En muchos casos, el revisor fiscal termina siendo parte de las decisiones administrativas y de gerencia, y su opinión se toma como la ruta a seguir para el cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Existen casos en donde el revisor fiscal hasta valida con su firma los pagos que hacen las empresas a proveedores, responde a las preguntas de los gerentes y les indica el norte de las decisiones, las estrategias y la planeación; opina sobre la forma de contratar al personal, redacta contratos, aprueba liquidaciones laborales, participa en la estructuración de negocios, emite conceptos jurídicos, tributarios y contables, establece controles sobre el manejo del dinero, elabora manuales de funciones y estructura cargos, y emite conceptos, solicitados por los asistentes en el desarrollo de las juntas directivas y asambleas.

Las anteriores conductas, muchas veces exigidas por los mismos empresarios y gerentes de las organizaciones, terminan desnaturalizando la función real de la revisoría fiscal. Así lo estableció el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante concepto emitido, “gracias a Dios”, en donde deja claro que dichas prácticas inhabilitan al revisor para hacer lo único para lo cual fue contratado: emitir un dictamen.

El Código de Comercio y la Ley 43 de 1990 establecen claramente las funciones del revisor fiscal, e incluso detallan cómo debe hacer su dictamen. Hay que revisarlas de nuevo.

Interés propio, autorrevisión, incumplimiento del principio de independencia y la posibilidad de aplicar salvaguardas son los riesgos a los que se expone un revisor fiscal cuando participa de la administración, el hacerlo genera una desviación de las normas profesionales, particularmente las señaladas en las normas internacionales de auditoría, las normas de revisión y otras normas de aseguramiento, el código de ética y el control de calidad.

Lo anterior sin hablar de la responsabilidad civil (responde con su propio patrimonio) que asume el revisor fiscal sin saberlo, cuando hace parte de los destinos de la administración.

Revisor fiscal, participe menos y dictamine más; de lo contrario quedará inhabilitado.

Fuente:  Sergio Arenas (Vanguardia)

Lo que gana Colombia con el acceso a la OCDE

    Los beneficios se pueden agrupar en tres categorías, principalmente: mejores políticas públicas, mayor confianza e inversión en la economía nacional.


Colombia recibió con alegría la noticia de que había sido aceptada como el país miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No era para menos: este organismo agrupa a las principales economías desarrolladas del mundo y promueve de manera efectiva el uso de buenas prácticas públicas en materia social, política y económica. De ahí la credibilidad e importancia de su lema: “Mejores políticas para una vida mejor”.

Pero, puntualmente, ¿cuáles son los beneficios de que el país acceda a esa organización? ¿Son estos tangibles? 

Estos beneficios se pueden agrupar en tres categorías, principalmente: mejores políticas públicas, mayor confianza e inversión en la economía nacional, y mayor posicionamiento e influencia internacional de Colombia. Todo esto se traducirá en mayor bienestar para los colombianos.

El primero de estos beneficios –mejores políticas públicas– es ya una realidad y con el paso del tiempo su impacto se fortalece cada vez más. 

Con ocasión del proceso de acceso a los 23 Comités de la OCDE, y siguiendo las buenas prácticas de las economías avanzadas, Colombia tomó e implementó más de 51 medidas de política pública que implicaron cambios sustantivos para el país; entre ellas se incluyen leyes, resoluciones, decretos y documentos Conpes.

Por ejemplo, para mejorar las prácticas en el sector Hacienda, el Gobierno Nacional sancionó las leyes de antisoborno y conglomerados financieros, e impulsó una elección más transparente de los superintendentes. 

Así mismo, para combatir la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, se firmó la Convención sobre Asistencia Mutua en temas tributarios: hoy la DIAN puede intercambiar información con más de 90 países –antes eran solo 4– y contrastar sus datos con los de casi una centena de naciones. 

Avances similares se encuentran en los otros frentes. El acceso a la OCDE facilitó medidas para promover la competencia y productividad del país; ejemplo de ello es la aprobación de la Ley de Derechos de Autor, la implementación de la política de mejora regulatoria y la realización del censo agropecuario. 

En materia ambiental, se creó el impuesto al carbono y a la utilización de bolsas plásticas, y se expidió la regulación del uso de sustancias químicas. 

Por último, en el ámbito laboral, cabe recalcar el fortalecimiento de normas contra la contratación ilegal y de promoción de la formalidad, así como la protección de los sindicalistas.

Adicionalmente, a futuro el país tendrá más herramientas para entender de manera oportuna y con precisión la efectividad y pertinencia de las medidas tomadas. 

Al ser un miembro pleno de la organización, contará con información de mejor calidad, asesoría de primer nivel y estudios rigurosos y frecuentes sobre los avances de la nación.

Así mismo, Colombia será evaluada periódicamente, se comparará con los mejores estándares internacionales y accederá a mecanismos de revisión para mejorar de manera continua sus políticas públicas. 

El segundo beneficio claro de pertenecer a la OCDE es que, dada la reputación de este organismo, la membresía aumenta la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en el país. 

Los miembros actuales de la OCDE concentran el 75% de la inversión extranjera directa a nivel global y el 60% del comercio y PIB mundial. Dado que en adelante Colombia estará asociada a este club, podrá acceder a mejores condiciones e instrumentos financieros internacionales. 

A su vez, la mejora en el ambiente inversionista y el acceso a nuevas fuentes de financiación contribuirán al fortalecimiento de la economía y permitirán seguir avanzando en reducción del desempleo, la pobreza y la inequidad. 

Por último, es de esperarse que, gracias al ingreso, el país logre tener un aún mejor posicionamiento e influencia a nivel internacional. 

Al ser miembro de esta organización, pasará de ser un receptor pasivo de buenas prácticas en política pública a constituirse en parte activa en la creación de estas. Sin ir más lejos, durante el proceso de acceso, el país se destacó por innovar en diferentes frentes y se encuentra en proceso de exportar algunos de los avances nacionales en políticas.

Ejemplo de ello es el uso de big data para el cálculo de la inflación regulatoria, el sistema de seguimiento y evaluación de políticas a cargo del Departamento Nacional de Planeación y los avances recientes en políticas públicas inteligentes, con su énfasis en la experimentación, el uso de datos masivos y la participación ciudadana. 

Desde la OCDE, Colombia será un interlocutor de talla global, tendrá incidencia en la definición de los marcos de referencia técnicos y será un puente entre los contextos europeo y latinoamericano para beneficio de ambos continentes. 

Así pues, el acceso a la OCDE trae consigo beneficios tangibles y de corto y largo plazo para el país, su economía y los colombianos. Como entidad coordinadora del Estado para asuntos OCDE, el DNP se encuentra desde ya en la tarea de asegurar que estos se sigan materializando día a día y alcancen su máximo potencial. 

Si bien para que esto ocurra es necesario dar cumplimiento a los compromisos postacceso y honrar las nuevas obligaciones de Colombia como miembro pleno, el país ya avanzó de forma significativa con el importante logro de haber sido admitido a esta organización de mejores prácticas. 

Más que una aspiración, el lema de “mejores políticas para una vida mejor” es ya una realidad en Colombia.

 Fuente: Portafolio

Los propietarios de unidades residenciales deben pensar como empresarios

Estrategias para que unidades residenciales se conviertan en copropiedades autosostenibles.

 Las unidades residenciales en propiedad horizontal, a pesar de tener un marco normativo similar y regular para su aplicación desde  el ambito administrativo, economico y operacional (Ley 675/2001) y normas subsecuentes, presentan problemas de sostenibilidad y desarrollo administrativo, que al pasar el tiempo pueden generar circunstancias de insostenibilidad y de aumento de gastos que afectan los bolsillos de los Copropietarios.

El crecimiento de la edificabilidad en las ciudades principales de nuestro país (en el orden del 89% de las áreas urbanas), ha conllevado a un crecimiento importante de la propiedad horizontal, por ende, es necesario generar un ambiente de estrategias para adoptar una cultura sostenible de las copropiedades.

Temas como una administración moderna y tecnológica, normatividad y su  aplicación integral, asambleas y consejos efectivos, manejo optimo de presupuestos, administración economica y financiera, administración y mitigación de riesgos, el nuevo código de policia  entre otros, nos permiten generar procesos que a mediano y largo plazo van a ser de gran beneficio para las copropiedades.  Así mismo, el lograr analizar y evaluar cómo una copropiedad puede ser amigable con el medio ambiente a través del reciclaje, el manejo de aguas residuales, energía a través de fotoceldas, autocultivos, y de convivencia integral.

El modelo de negocio en propiedad horizontal, debe tener encuenta los aspectos demográficos y sicograficos para conocer el cliente potencial y satisfacer sus  necesidades y expectativas. Hoy por hoy, en las copropiedades los procesos administrativos no tienen una planeación definida a mediano plazo; y lo que hay es una ejecución administrativa de acuerdo a las necesidades del día a día y ello no permite generar en el tiempo, un valor agregado importante para la copropiedad.  

Es claro, que las copropiedades estan constituidas legalmente, dando origen a una personeria juridica, de naturaleza civil, sin animo de lucro, cuyo objetivo es "administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y hacer cumplir las leyes y normas para tal fín", sin embargo, cuando no se genera un modelo de negocio administrativo que contribuya a generar un valor agregado en común,  los bienes privados y comunes pueden perder su valor desde el ambito social, economico  y comercial, lo que afecta las inversiones de sus propietarios y por ende de toda la copropiedad.

El llamado a todos los propietarios de unidades residenciales privadas que integran las propiedades horizontales, es su participación efectiva en las Asambleas Generales de Copropietarios Ordinarias o Extraordinarias  y en los Consejos de Administración de sus conjuntos, edificios y centros comerciales, con la finalidad de exigir cual es el modelo de negocio administrativo integral que les permitirá generar un valor agregado  (particular y común) sostenible en los siguientes años. Los que se asesoran y consultan a los expertos, adoptan un mejoramiento continuo y sostenible en beneficio de toda una comunidad.

  

 

 

El Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia en la Propiedad Horizontal

En la actualidad, ya se cuenta con el nuevo código de Policía Nacional (Ley 1801 de Julio 29 de 2016).  Despúes de 45 años, se determinan nuevas disposiciones generales, las cuales son de caracter preventivo y están en consonancia con nuestra  Constitución Política de 1991. Esta nueva norma, extiende las funciones de la policía en materia de propiedad horizontal.

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